Violencia Sexual

Aunque se ha venido posicionando en la agenda pública el tema  de la prevención, atención y sanción de la violencia sexual por parte de diversos procesos organizativos de mujeres, de la academia feminista y de las bancadas de mujeres en escenarios políticos y técnicos, generando algunos avances (principalmente normativos), aún nos encontramos lejos de garantizar una vida libre de violencia sexual para las niñas y mujeres en el territorio colombiano, en particular aquellas que experimentan en sus territorios el impacto del conflicto armado, la pobreza estructural y la discriminación por razones étnicas y de clase.

La violencia sexual mantiene uno de los subregistros más altos, es decir, se presume que el número de denuncias sigue siendo muy bajo respecto al número de casos que ocurren a diario, es así como muchas de estas agresiones no son denunciadas por vergüenza, intimidación, amenazas, culpa, falta de conocimiento de las rutas y demás barreras de acceso geográficas, culturales e institucionales que rodean estos delitos. Esta situación se acentúa en escenarios rurales donde

 

se dificulta la denuncia; la casi imposibilidad del desplazamiento hacia las instituciones impide que se traten todos los casos, y los patrones culturales del campo imposibilitan que haya emancipación de las víctimas. Apenas el 8,77% de los casos tuvieron lugar en la zona rural, que no traduce efectivamente el fenómeno que diariamente se reproduce en dicho contexto (Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, pág. 345)

 

A pesar de este subregistros, las cifras conocidas son alarmantes. Según el Informe de Medicina Legal, las mujeres siguen siendo las más victimizadas por la violencia sexual, del total de casos puestos en conocimiento de esta entidad, el 85,4% son mujeres; el 86,83% de los casos se cometieron contra menores de edad y el escenario de mayor ocurrencia de estos delitos sigue siendo la vivienda donde se perpetraron el 76.5% de las denuncias registradas; en esta misma línea se identificó que en el 86.6% de los casos el presunto agresor tenía cercanía con la víctima.  (Informe Forensis 2017. Datos para la Vida).

 

De acuerdo a la edad, el grupo etáreo más afectado fueron las niñas y niños entre los 5 y 13 años con un 56,5% de las agresiones, dentro de las cuales es necesario resaltar que las más afectadas siguen siendo las niñas entre los 10 y 13 años de edad, ya que sobre ellas recae el 34,3% que equivale a 7.018 casos del total de 23.798 registrados por Medicina Legal. Frente al número de casos por presunto delito sexual que registró esta entidad hubo un incremento sustancial del 11,2%, se pasó de 21.399 en 2016 a 23.798 en 2017, no obstante esta cifra puede tener varias interpretaciones, por un lado puede significar una arremetida violenta contra las niñas, niños y mujeres en términos de agresiones sexuales; pero desde una mirada más esperanzadora puede tomarse como un aumento en el número de denuncias por parte de las víctimas que vencieron las barreras para denunciar y poner en conocimiento de sus casos a las autoridades competentes.

 

Ahora bien, es necesario aclarar qué se entiende por violencia sexual, de acuerdo a la definición otorgada por la ley 1257 de 2008, es todo acto que obliga a las personas a mantener algún tipo de contacto sexual no consentida o no deseada, mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras actividades sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera violencia sexual cuando la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. En este tipo de violencia se incluyen los tocamientos y manoseos, obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales u obligar a las mujeres a llevar a cabo actos sexuales no deseados[1]

 

En una sociedad donde los patrones culturales machistas están tan arraigados, suelen verse como naturales las violencias de género, en este caso se validan muchas formas de violencia sexual como “normales”. Con frecuencia se presentan casos donde las mujeres se ven forzadas a tener relaciones sexuales con sus esposos o parejas sentimentales sólo porque la cultura patriarcal le ha hecho creer que es una obligación marital. El acoso sexual, por ejemplo, es visto como una práctica cotidiana de coqueteo, sin embargo, las situaciones relacionadas con mensajes obsesivos, persecución, correos, llamadas, amenazas de tipo sexual, hostigamiento o el acoso callejero mal llamado “piropo” son violencias sexuales y como tal deben ser denunciadas.

 

Aún se mantiene dentro del imaginario colectivo que muchas de estas violencias son justificadas porque la víctima lo propicio al consumir alcohol o sustancias psicoactivas; o por llevar ropa ajustada o considerada “provocativa; o por andar a altas horas de la noche en lugares públicos sin la compañía de un individuo protector. No obstante, estos señalamientos no sólo terminan justificando la violencia sexual, sino que generan el caldo de cultivo perfecto para la impunidad de estos delitos. Ejemplo de esto son los 8.599 casos registrados de acoso sexual contra mujeres entre el 2008 y 2016 por la Fiscalía General de la Nación, periodo en el cual sólo se llevaron a cabo 4.190 investigaciones por este delito y de estos 4.088 fueron archivados, quedando la mínima cifra de sólo 78 casos con sentencia condenatoria, 22 precluidos y 2 con principio de oportunidad. (Sisma Mujer, 2016)

 

Todo este panorama se ve agravado en nuestro país, por el desarrollo histórico de un conflicto armado, que ha usado como botín de guerra los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, en particular aquellas que habitan los territorios rurales donde se libra la confrontación armada y se disputan los territorios como base para el desarrollo de múltiples economías ilegales. Es así como estas mujeres rurales han tenido una triple afectación en este escenario: i) en razón del género, por el sólo hecho de ser mujeres; ii) por pertenecer a la ruralidad y cargar con todas las brechas de desigualdad que recae sobre el campo; y iii) por ser víctimas de múltiples violencias, en particular violencia sexual por parte de los actores armados del conflicto.

 

Frente a estos crímenes de lesa humanidad, que han afectado de manera sistemática y generalizada a las mujeres en nuestro país, se llevó a cabo un proceso de incidencia social y política por parte de varios sectores de mujeres para formalizar la Ley 1719 de 2014 por medio de la cual “se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado” También ha sido un tema importante en la agenda de las mujeres en las negociaciones e implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, estos avances se deben ver materializados en la conformación de un equipo, al interior de la Justicia Especial para la Paz –JEP-, especializado en la investigación de delitos sexuales relacionados con el conflicto, donde se deberán usar otras técnicas investigativas que priorice el testimonio de la víctima y la lectura del contexto donde ocurrieron los hechos.

Ahora bien, aunque los avances se han dado en términos formales, queda por ver la cristalización de este marco normativo y su impacto en la calidad de vida de las mujeres en su diversidad, en el goce efectivo de los derechos con enfoque de género, en particular en aquellos territorios que han tenido que sufrir los rigores de la guerra. Por esta razón, las Zonas de Reserva Campesina –ZRC- le apostamos a los territorios libres de violencia hacia las mujeres y al fortalecimiento de iniciativas campesinas que opten por garantizar una vida libre de violencias de género y el posicionamiento de las demandas de las mujeres como protagonistas activas del desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

 

Referencias

Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Informe Forensis 2017. Datos para la Vida. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis

Sisma Mujer. (2010). Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres. Bogotá: Corca Editores.

Sisma Mujer. (2016). Ley 1257 Ocho años de obstáculos. Informe de Seguimiento a la implementación de la Ley . Bogotá: Ediciones Antropos.

 

 

[1] Ley 1257 de 2008. por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones