Hemos recibido con preocupación la denuncia realizada por la CSIVI-FARC en un  comunicado fechado en 21 de mayo del presente año, donde acusan al Gobierno Nacional de haber faltado a su palabra, al radicar en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas un documento diferente al consensuado al interior de la CSIVI; después del compromiso asumido por el Alto Comisionado para la Paz.

Según las FARC el proyecto de decreto —elaborado conjuntamente- “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplado en el Acuerdo Final en materia de Tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”: que reconocía como beneficiario del acceso a la tierra a campesinas y campesinos no solamente no fue radicado ante la MPC, sino que amplía los beneficios a los grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso y limita la participación de las comunidades.

Ante estos hechos exigimos al gobierno nacional que aclare la situación y que cumpla lo que el mismo presidente Juan Manuel Santos firmo y negocio por casi cinco años. Lo que no es un compromiso solamente con las FARC, sino con todas y todos quienes respaldamos desde el primer día el proceso de paz.