Asociación nacional de zonas de reserva campesina ANZORC

La ruralidad colombiana ha padecido los terribles efectos del conflicto que existió durante más de 50 años, la violencia en todas sus formas se ensaño contra territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, victimizada por actores armados, ejércitos privados de latifundistas, fuerzas militares y paramilitares y la desidia e indolencia del estado.

La decisión del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC de avanzar en los diálogos que llevaran a al concreción de un acuerdo de paz estable y duradero, que culminaron con la firma de este en noviembre de 2016 y ratificado por el congreso de la república y posteriormente articulado al bloque de constitucionalidad del Estado, trajeron una luz de esperanza a las comunidades rurales que acudieron a respaldar sin objeciones el proceso y su implementación, participando activamente en los escenarios que se dispusieron para que las víctimas, la ruralidad y sus comunidades y regiones, se apropiaran del acuerdo y sus alcances, para superar la exclusión secular a la que habían sido condenadas y así vencer las condiciones que desataban el conflicto y construir un nuevo tiempo de paz.

El campesinado del sur de Córdoba fue victimizado en el conflicto, por su lucha y persistencia en defensa del territorio, por su resistencia al modelo terrateniente, a los intereses del capital foráneo en los megaproyectos minero-energéticos y su rechazo a la violencia paramilitar. Esta posición le costo ser afectado por el horror de la guerra, bloqueos económicos, desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y masacres, desapariciones. A pesar de este tormento, sobrevivieron a las etapas mas oscuras del conflicto, manteniendo su presencia en el territorio, construyendo organización social y comunitaria, manteniendo así su arraigo en la región.

Tras la firma de los acuerdos, las comunidades del Nudo de paramillo asumieron sin dilaciones su compromiso con el PNIS, plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, su única alternativa económica había sido acudir a estos, porque sin tierras, ni créditos, ni circuitos de mercadeo para su producción agrícola, en medio de la pobreza extrema, no tuvieron otra opción.

El PNIS se constituía en una esperanza para el campesinado y consecuentemente se articularon a su implementación consagrada en el acuerdo. En el sur de Córdoba, centenares de familias que dependían económicamente de los cultivos de uso ilícito, empezaron a sustituirlos a la espera de que el gobierno cumpliera con los programas sociales y de apoyo económico acordados, para lograr que la sustitución voluntaria por fin trajera a la región la presencia del estado, no con la guerra sino con soluciones a sus necesidades, era el momento de que se pagara la deuda histórica con estas comunidades.

El balance de la implementación de los acuerdos en la región es desalentador, mientras los campesinos cumplieron, el gobierno desfinancio los programas y deshizo los compromisos establecidos en el PNIS, generando una crisis frente a la cual no ha habido voluntad política para resolverla. Esta situación propicio la llegada de grupos armados que aprovecharon el vacío dejado por la antigua guerrilla de las FARC, disputándose el control territorial para desarrollar economías ilegales y consolidar corredores estratégicos para el tráfico, además de la restructuración de bandas paramilitares decididas a impedir la restitución de tierras para mantener el modelo de latifundio a partir del despojo y las economías extractivas a gran escala.

En medio de esta zozobra, como en el pasado, el campesinado amedrantado y victimizado, la presencia del estado solo se evidencia en un inusitado pie de fuerza, mas de 4000 efectivos militares desplegados en la “operación FTC Aquiles”, pero a pesar de esto, los grupos armados ilegales hacen de las suyas, restringen la movilidad de los lugareños, minan caminos, regulan con violencia el paso de canoas, chalupas y “Jhonson’s” por el rio San Jorge y sus afluentes, causando pánico en las comunidades.

La defensoría del pueblo ya había llamado la atención frente a esta situación, emitiendo la alerta temprana 083-19 del 25 de noviembre del 2018, a la cual el gobierno hizo caso omiso, ya que no hubo ninguna respuesta, ni acción por parte de las entidades de gobierno, empezando por la indolencia del ministerio del interior.

Los incumplimientos permanentes a los compromisos con las comunidades, establecidos en el PNIS, obligaron a que, a partir del 28 de febrero de este año, se movilizara el campesinado en la región para exigir la implementación del acuerdo. Estas movilizaciones han sido invisibilizadas por los grandes medios y el gobierno ha hecho caso omiso a las solicitudes, entre tanto los campesinos ven como se empobrecen sus familias y como el gobierno vulnera lo acordado sin soluciones a la vista.

Esta situación ha llegado a un punto critico a partir del 21 de marzo, cuando grupos armados irrumpieron en las veredas de santa rosa y la flecha del corregimiento de Juan José en el municipio de Puerto libertador, amenazando a las familias y expulsándolas de la región, obligando a que 160 familias se desplazaran hacia el puente sobre el rio San Jorge en la troncal de occidente municipio de La apartada, donde 1700 personas establecieron un Refugio humanitario.

Al día siguiente, 22 de marzo, en el corregimiento de Versalles del municipio de San José de ure fueron desaparecidos 3 campesinos, horas después fue hallado uno de ellos sin vida, entre tanto, unidades de policía agredieron el campamento de refugio, hiriendo a varios líderes campesinos de la asociación campesina del sur de Córdoba, entre ellos a Arnobis Zapata, vicepresidente de la Asociación nacional de zonas de reserva campesina, ANZORC.

El 26 de marzo el campesinado de las veredas, Soledad, Río sucio, Rogero, Santa barbara, Puerto mutata, La jagua, y comunidades indígenas del cabildo Buena vista del pueblo Zenu, y el cabildo Cañaveral, del pueblo Emberá Katio, del municipio de Puerto libertador, fueron expulsados de sus territorios por grupos armados ilegales, generando un desplazamiento masivo aumentando así la emergencia humanitaria, ya que 3.000 personas, de las cuales 181 son menores, donde además de habitantes de siete veredas del sur de Córdoba, también han sido desplazadas comunidades de dos veredas del municipio de Ituango, Antioquia, todas comunidades del Nudo de paramillo, que se han concentrado en el refugio humanitario en el Municipio de La apartada.

La situación en la región pareciera una reedición de la violencia paramilitar de los años noventa, este drama humano y social exige de parte del gobierno garantías, por que se esta violentando a comunidades que han sido víctimas históricamente del conflicto. El gobierno tiene la obligación de cumplir los acuerdos, de garantizar la inclusión de las comunidades, de desarticular los grupos armados y el paramilitarismo en la región, los órganos de control del estado deben pronunciarse, en dirección a emplazar al gobierno a implementar el PNIS y a atender a las familias confinadas en el corregimiento de Juan José y refugiadas en La apartada.

El gobierno debe tener voluntad política, sentarse a escuchar las comunidades y respetar los acuerdos, hacer viable las exigencias de las comunidades para el retorno al territorio, miles de familias están, literalmente aguantando hambre, niños y ancianos a la intemperie, campesinos y campesinas esperando los recursos para superar la pobreza y exclusión, la ruta es el dialogo y el cumplimiento de los acuerdos, no la militarización y estigmatización violenta de las comunidades campesinas.