Movilización en contra de la violencia de género. Foto Carolina Tejada

Las denuncias sobre las violencias basadas en género, en Colombia, se han incrementado en el marco de la cuarentena por el COVID-19. Las múltiples situaciones a las que han sido sometidas las mujeres, tales como el encierro con el victimario, el desempleo y la falta de garantías laborales (pues el Gobierno nacional ha priorizado las condiciones de los grandes empresarios, pasando por encima de los derechos de las y los trabajadores), todo esto ha contribuido a que se expandan las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres, en comparación con los hombres.

De todas esas violencias la que más afecta a muchas mujeres, en estos momentos, es la violencia física, que es una de las más reconocida socialmente, y que en la cotidianidad de las víctimas se expresa en empujones, zarandeos, pellizcos, golpes con las manos y patadas, entre otros, y que son ataques ejercidos por sus parejas, exparejas, familiares y conocidos.

Expresiones como “a ella le gusta que le peguen”, “si le pega es porque la quiere” o “si le pegaron fue por algo” hacen parte de esa cultura machista en Colombia, en la que, no solo se justifica el uso de la violencia física contra las mujeres, sino que también devienen violencias simbólicas, es decir, se normalizan tanto, que se responsabiliza a la víctima por las agresiones que recibe, eximiendo así a los agresores (en su mayoría, hombres) de toda responsabilidad.

Las cifras hablan por sí solas

La violencia física está catalogada por la Ley 1257 de 2008 como “el daño o sufrimiento físico que representa riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona”.  El hecho de infringir dolor, marcar los cuerpos y dejar huellas de la violencia, no solo determina la memoria corporal de la víctima, sino que genera una memoria colectiva de dolor, que se convierte en un miedo interiorizado y generalizado a ser atacadas por el solo hecho de ser mujer.

Según un informe de Medicina Legal, publicado en el marco de la cuarentena, las mujeres siguen siendo el grupo más afectado por la violencia doméstica en el país. De los 15.440 casos registrados, 11.840 (el 76,7 %) fueron en contra de mujeres, mientras que 3.600 casos (23,3 %) corresponden a hombres.

Bogotá es uno de los lugares con más casos de violencia intrafamiliar reportados en el primer trimestre del año con 3.946 casos, seguida de los departamentos de Antioquia con 1.729, Cundinamarca con 1.289 y Valle del Cauca con 1.068. Lo que no significa una disminución de estos casos en otras regiones del país, por el contrario, en muchas de las regiones más apartadas la violencia contra la mujer se presenta en amplias proporciones, pero aún no existe un sistema para la garantía de la denuncia, la atención y acompañamiento a las mujeres víctimas, por lo tanto, muchas de ellas evitan acudir a comisarias, estaciones de policía o a la misma Fiscalía o Medicina Legal.

De hecho, el mismo Instituto de Medicina Legal reportó que 40.760 colombianas fueron víctimas de violencia de género en 2019, en comparación con 336,36 casos reportados en el 2018, gracias a las fiscalías, lo cual motivó a que se plateara la necesidad de trasladar estas oficinas móviles a las zonas rurales, para hacer jornadas de sensibilización que faciliten las denuncias, y a su vez, instar a la prevención de las agresiones.

Las violencias tienen una dinámica escalonada

El nivel de violencia del agresor, suele ir en aumento progresivo; lo que en algunas ocasiones suele empezar con un grito o un empujón, va escalando a golpes contundentes, hasta llegar al uso de elementos químicos abrasivos y armas cortopunzantes y de fuego.

En este sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal, INMLCF,  habría alertado en años anteriores que, según la valoración de  6.754 mujeres en 16 ciudades del país; el 60,3% de las mujeres valoradas fueron clasificadas en riesgo grave y extremo, siendo las mujeres entre 25 y 29 años el grupo con mayor número de valoraciones con alto riesgo.

En este momento, Colombia enfrenta una penosa realidad en relación a los Feminicidios. Desde el 25 de marzo, fecha en la que inicia el aislamiento preventivo, la línea de atención púrpura, 155, tuvo un incremento del 103 % de llamadas en el primer mes de la cuarentena. En el mes de agosto en 19 de los 32 departamentos del país, se presentaron 68 feminicidios. Las cifras más alarmantes se encuentran en Antioquia con 13 casos, 9 en el Valle del Cauca, 9 en Magdalena, 7 en Atlántico, 5 en Bolívar, 3 en Bogotá, 3 en Caquetá, 3 en Quindío, 2 en Tolima, 2 en Huila, 2 en Nariño, 2 en Santander, 2 en Norte de Santander, 1 en Risaralda, 1 en Córdoba, 1 en Arauca, 1 ene Cauca,  1 en Sucre, y en 1 Boyacá; de estas cifras una era lideresa campesina, dos eran lideresas comunitarias, una era mujer firmante del acuerdo de paz y una era mujer lideresa política, nueve eran migrantes y una era extranjera residente.

Por medio de la Ley 1761 del 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), Colombia reconoció el delito de Feminicidio, concepto que se resume en el hecho de perder la vida por el solo hecho de ser mujer. Este crimen está reconocido como tipo penal y delito autónomo, en donde se estipula que se declarará culpable de este delito a “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • Haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia de género que antecedió el crimen.
  • Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.
  • Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
  • Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.
  • Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.
  • Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.

Desde las Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, comprendemos las dimensiones del panorama nacional, rechazamos rotundamente que en el país se esté terminando con la vida de las mujeres por el solo hecho de serlo; se continúen presentando todo tipo de violencias en contra de su integridad física y psicológica y que ante ello la sociedad, y en particular, las mujeres carezcan de las garantías para denunciar y proteger su vida y su integridad física.

Comprendemos que la violencia que enfrentan las mujeres es de carácter estructural y, en esa medida, se requiere de toda la capacidad social y política para transformar dichas realidades. Como decía Ivonne Gebara: “Crear otro sistema”, crear otra sociedad y otras formas de relacionamiento humano, que soporten a la mujer como motor de la historia, de las transformaciones sociales, y también como merecedoras de derechos y respeto a su humanidad.

C. T, Comunicaciones ANZORC

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