El pasado martes 30 de junio, unidades regulares de la brigada 27 de selva se acantonaron en el caserío de San Salvador, Sector 2 de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) para reiniciar operativos de erradicación forzada. Una vez más los efectivos militares llegaron al territorio sin acatar las normas mínimas de bioseguridad, exacerbando los niveles de riesgo en la población campesina que de manera efectiva ha venido cumpliendo con las medidas de aislamiento y restricción de movilidad.

El miércoles 1 de julio, más de cien delegados de las comunidades de La Piña, La Frontera, La Española, Bajo Lorenzó, San Salvador, La Juvenil, El Toayá, Bajo Cuembí, y Bocana del Cuembí pertenecientes a la ZRCPA, solicitaron a los mandos militares presentes el retiro inmediato de su territorio, evitando el riesgo de contagio por la pandemia mundial COVID19, adicionalmente, se exigió el cumplimiento de los protocolos de erradicación y la implementación de planes de contingencia.

Los uniformados en evidente desacato de la ST 690/17 aseguraron que no se retirarían del territorio y continuarían con las acciones de erradicación forzada en jornadas diurnas y nocturnas. Ante la postura intransigente de la fuerza pública las comunidades determinaron quedarse en el lugar e impedir las acciones de los regulares.

La respuesta de uno de los mandos militares fue “No respondemos si a uno de los soldado se le escapa un disparo”.

Además del desacato a las Sentencias y Autos que tutelan los derechos de las comunidades campesinas a mínimos vitales de subsistencia y que buscan prevenir nuevos desarraigos y desplazamientos forzados, los efectivos de la brigada 27 de selva incurren en el punible de prevaricato, desconociendo que el derecho a la vida es inviolable; su conducta omisiva al marco jurídico que reglamenta la emergencia sanitaria y ambiental, así como la Constitución Política, ponen en riesgo la vida e integridad de la comunidad campesina organizada en la ZRCPA.

Desde el inicio de la pandemia, las comunidades de la Zona junto con otros procesos comunitarios del país, propusieron al gobierno de Iván Duque un Acuerdo Humanitario Global, sin que hasta el momento se tenga alguna respuesta (https://www.justiciaypazcolombia.com/2da-carta-abierta-salud-alimentacion-aguaurgente-y-respuesta-a-acuerdo-humanitario-globalcovid19/)

Responsabilizamos a la Brigada 27 de Selva por las posibles afectaciones a la vida e integridad de las y los campesinos de la ZRCPA, no solo por los posibles brotes de contagios, sino también por la materialización de la amenaza.

Exigimos la actuación inmediata de los organismos de control del Estado, en aras de salvaguardar la integridad y la salud de la comunidad; así mismo, instamos para que se encuentren soluciones de fondo al problema de las erradicaciones forzadas, evitando aumentar la conflictividad social.

Conminaos a las instituciones a acatar lo estipulado en el Auto 218 de 2006 y la Sentencia T690 de 2017 que ordenan la implementación de planes de contingencia, así como el Auto 387/19 que exhorta al gobierno nacional priorizar los procesos de sustitución de cultivos por encima de la erradicación forzada.

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, Puerto Asís, Julio 2 de 2020